Aunque la idea de dotar de acceso a Internet a comunidades rurales puede parecer buena, hacerlo a través de una empresa pública de Internet puede resultar no solo ineficiente económicamente hablando sino también, peligrosa. 

El 11 de mayo pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa estatal de Internet para comunicar a todo el país. En su gira por Nayarit, el mandatario declaró que las empresas que son titulares de una concesión no han querido ampliar la cobertura porque solo ven por su propio interés y subrayó que en México solo el 20% de la población cuenta con acceso a Internet, cifra que resulta engañosa.

Es innegable que uno de los principales retos que tiene el gobierno en materia de telecomunicaciones es la disminución de la brecha digital; para lograr una mayor conectividad en aquellas zonas del territorio nacional que hoy no cuentan con acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Sin embargo, la creación de una empresa pública de Internet, con cobertura nacional, no creo que sea la mejor idea para garantizar el acceso constitucional al Internet y la banda ancha, establecido como derechos fundamental tras la promulgación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en 2013.

Uno de los puntos que se deben poner sobre la mesa de cara a la creación de esta «nueva empresa» es que el Estado no cuenta con los recursos ni técnicos ni económicos para poder crear la infraestructura que se necesita para poder conectar a las comunidades rurales en territorio nacional. Adicionalmente, esta nueva empresa deberá de contar con recursos para operar como tal, mismos que no se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos de la federación.

Otro punto importante es cómo va el Gobierno Federal a financiar este nuevo proyecto de infraestructura. Si bien es cierto que el tema de la brecha digital es un tema que debe de buscarse disminuir, a través de una empresa pública, se ve difícil alcanzar este objetivo.

Por otro lado, hay que recordar que con la promulgación de la reforma de 2013, se creó el proyecto de la Red Compartida, de la cual nada dice López Obrador. Esta red mayorista justo lo que busca es dotar de acceso a Internet a cuando menos el 92% del territorio nacional. Quizá usando lo que ya existe podría buscarse un mayor acceso a Internet en estas comunidades. Solamente sería cuestión de repotencializarlos para hacerlo más atractivo para los inversionistas.

El tema que más preocupación causa la creación de esta empresa pública de Internet es el costo y la competencia. La Reforma citada justamente tenía como objetivo dotar de mayor competencia al sector de forma tal que los servicios fueran de mayor calidad a un costo mucho menor. Razón por la cual genera enormes dudas si el hecho de que el gobierno maneje esta nueva red va generar una competencia efectiva en el sector.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, se necesitan cerca de 187 mil millones de pesos para que todos los habitantes del país tengan acceso a Internet. Buena parte de ese gasto se realizará con la ampliación de infraestructura.

Adicionalmente, otro tema que me resulte preocupante es si el hecho de que el gobierno tenga en sus manos la prestación de un servicio tan importante como lo es Internet no comprometería principios tan fundamentales como lo son la neutralidad de la red, la calidad del servicios y desde luego, el derechos a la libertad de expresión. La historia en México es un claro ejemplo de lo que ha sucedido con los medios y ciertos servicios, cuando éstos han estado en manos del estado mexicano. Da la sensación que el nuevo gobierno está buscando dejar de lado la privatización y la inversión privada para entrar de nueva cuenta, en una estatización como ha sucedido en sexenios pasados.

20% de cobertura ¿cifra real?

Otro punto importante a destacar es que el Presidente ha dicho que solo el 20% de la población cuenta con acceso a Internet en México. Esta cifra resulta engañosa, pues esta cifra está basada en una medición territorial y no poblacional lo que puede incitar a pensar que la cobertura de Internet es demasiado baja si la contemplamos en términos territoriales y no poblacionales. Si lo que buscamos es que el servicio llegue a los usuarios, ¿de qué nos sirve tener Internet en zonas no habitadas? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, el 60.9% de la población de 6 años o mas son usuarios de Internet en México.

En suma, creo que nadie puede negar que disminuir la brecha digital no es solo una buena idea sino una necesidad para garantizar el acceso a Internet y la banda ancha, un derecho consagrado en nuestra constitución desde 2013. Sin embargo, la idea de crear una empresa pública de Internet que provea de este servicio a todos los mexicanos no es solo una idea ineficiente sino también peligrosa.